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El gobierno sacará 67.000 plazas de empleo público y consolidará a cerca de 250.000 interinos

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El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSI-F
han firmado este miércoles un acuerdo para la mejora del empleo público que incorpora un proceso de estabilización del empleo temporal para reducir la tasa de temporalidad hasta el 8% en tres años.

El ministro ha destacado que es el “primer acuerdo de la Legislatura sobre función pública” y que tiene como objetivo “mejorar la calidad del empleo y reducir la tasa de interinidad durante un periodo de tres años (2017-2019)”. Añadió que se trata además de una “apuesta por dignificar la función pública” y su “importante contribución a la completa recuperación económica del país”.

El acuerdo va dirigido a fortalecer los efectivos existentes en las diferentes Administraciones Públicas y establece una tasa de reposición de empleados públicos del 100% en aquellos sectores considerados prioritarios hasta ahora en la Ley de Presupuestos Generales del Estado e incrementa al 100 % la tasa a otros servicios públicos que se consideran esenciales para atender a las necesidades de los ciudadanos.

Los sectores prioritarios recogidos en el acuerdo para los que se prevé una tasa de reposición del 100% son, entre otros: sanidad, educación, administración de justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social, prevención y extinción de incendios, políticas activas de empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.

Esta misma tasa será de aplicación a las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios prioritarios para la contratación de nuevo personal. El resto de sectores tendrá una tasa de reposición del 50 %.

Esto podría suponer, teniendo en cuenta la oferta aprobada en 2016, una Oferta de Empleo Público de alrededor de 67.000 plazas. Por subsectores, 19.000 plazas serán en la Administración General del Estado, 28.144 plazas, aproximadamente, en las comunidades autónomas y en torno a 20.000 plazas en las entidades locales.

Reducción de la interinidad
El acuerdo también pretende dar estabilidad a las plantillas de empleados públicos, dentro de los límites y reglas de gasto establecidos, de tal forma que, respetando los principios de libre concurrencia, igual, mérito, capacidad y publicidad, en un plazo de tres años, se consiga reducir la interinidad hasta un máximo del 90 % en servicios públicos esenciales tales como educación, sanidad, justicia, servicios sociales o policía local, entre otros.

Como resultado de este proceso de estabilización del empleo se podría llegar a un total aproximado de 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y administración de justicia (8.564).

Hay que tener en cuenta que se parte de una cifra muy elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la Administración, y que ese elevado número de interinos afecta principalmente a los sectores de enseñanza y justicia. La tasas oscilan entre el 30% de la sanidad, el 25% de la administración de justicia y el 20% en la enseñanza no universitaria.

Grupos de trabajo
Por último, el acuerdo prevé la constitución de grupos de trabajo entre administración y organizaciones sindicales para estudiar medidas que faciliten la movilidad geográfica y funcional de los empleados públicos, para impulsar su formación y potenciar la profesionalización y cualificación específica de los mismos, analizar los criterios en materia de igualdad de género y, en particular, de violencia de género, la situación de las mutualidades y para el seguimiento de la implantación de la Administración Digital.

Conferencia de presidentes
El ministro ha destacado que “la filosofía básica del acuerdo que hemos firmado aquí ya se contemplaba en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero”. En aquella reunión, se pedía analizar la situación de interinidad laboral en la función pública, y singularmente en educación y sanidad, para buscar fórmulas que dieran estabilidad a las plantillas de personal de estos sectores. Asimismo se pedía garantizar un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en las Administraciones Públicas, especialmente en los sectores prioritarios.

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El Banco Sabadell rechaza la propuesta de absorción del BBVA

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Fusión BBVA-Sabadell
Vista de la sede corporativa del Banco Sabadell em Sant Cugat del Vallés (Barcelona). EFE/Toni Albir/Archivo

Barcelona, 6 may (OFFICIAL PRESS-EFE).- El consejo de administración del Banco Sabadell ha rechazado la propuesta de absorción que había lanzado la semana pasada el BBVA, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El órgano de gobierno del Sabadell, que en 2020 ya había frustrado un primer intento del BBVA por integrar a la entidad, considera que la oferta no solicitada «infravalora significativamente» al banco y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente.

El Sabadell agrega a sus motivos para descartar la absorción la volatilidad de las acciones del banco que preside Carlos Torres en los últimos días, lo que genera una «incertidumbre adicional» sobre la propuesta, que ofrecía canjear un acción del BBVA por cada 4,83 del Sabadell.

En solitario, el banco con sede operativa en Sant Cugat (Barcelona) y social en Alicante considera que generará un mayor valor para sus accionistas.

En base a ese análisis, y asesorado por Goldman Sachs, Morgan Stanley y el bufete Uría Menéndez, el consejo que lidera Josep Oliu ha concluido tras reunirse este lunes que el rechazo a la propuesta satisface los intereses del banco, sus accionistas, clientes y empleados.

La entidad ha insistido hoy en su compromiso de distribuir entre los inversores, de manera recurrente, cualquier exceso de capital por encima del 13 % de la ratio solvencia CET1, que según sus cálculos puede ascender a 2.400 millones de euros este año y el próximo, junto con los dividendos recurrentes de ese periodo.

Frustrada la mayor fusión desde 2020

La operación, que podía ser la mayor fusión bancaria en España desde la de CaixaBank y Bankia, en 2020, aspiraba a crear un gigante financiero con 986.924 millones de euros en activos, según datos del cierre del primer trimestre de 2024, y elevar al BBVA al tercer puesto de la banca europea, solo por detrás de BNP Paribas y Santander.

La propuesta financiera con la que BBVA sorprendió al mercado la pasada semana suponía una prima del 17 % respecto al cierre de los títulos de ambas entidades el martes, después de que se hiciera público el interés por iniciar conversaciones de cara a una posible fusión.

Desde entonces, las acciones del Sabadell se han revalorizado en torno a un 4,5 % y las del BBVA han retrocedido cerca de un 3,3 %.

Según los términos de la propuesta, los inversores del Sabadell conservarían en total un 16 % de la entidad resultante, que mantendría la denominación social y la marca de BBVA, aunque conservaría también la opción de utilizar de manera conjunta ambas marcas en ciertas regiones y áreas de negocio.

BBVA calculaba que la absorción amplificaría la capacidad de la nueva entidad para facilitar crédito en 5.000 millones adicionales al año y aseguraba que se traduciría en una remuneración «creciente» para los accionistas.

Hace cerca de cuatro años, en el primer intento de fusión, el Sabadell tampoco aceptó el canje accionarial que tenía sobre la mesa, estrechamente ligado al reparto de poder en la entidad resultante.

Composición del consejo

El consejo del Sabadell, que ha tomado la decisión de mantener la independencia del banco, está compuesto por el presidente, Josep Oliu, y otros quince miembros, entre ellos el vicepresidente Pedro Fontana y el consejero delegado César González-Bueno.

Se incluyen también los independientes George Donald Johnston III, Aurora Catá, Lluís Deulofeu, Mireya Giné, Laura González, Alicia Reyes, Manuel Valls y Pere Viñolas, así como María José García (con consideración de otra externa) y el exsecretario de Economía David Vegara.

David Martínez, con una participación del 3,49 % en el accionariado, según datos de la CNMV, es el único consejero dominical, mientras que Miquel Roca y Gonzalo Barettino son secretario y vicesecretario no consejeros, respectivamente.

La propuesta de fusión por absorción contemplaba que tres miembros del actual consejo del Sabadell, elegidos de común acuerdo entre ambas partes, se incorporaran al de BBVA como consejeros no ejecutivos, uno de ellos con una vicepresidencia.

 

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