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Valencia

Ximo Puig sobre el escándalo de su hermano: «Es una cuestión que no afecta al president»

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OFFICIAL PRESS/EFE El president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha pronunciado este martes sobre el escándalo que relaciona a su hermano tras la sanción impuesta por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a la empresa de Francis Puig que es una cuestión que «no le afecta para nada» al president de la Generalitat.

Puig se ha pronunciado así preguntado sobre la petición del PP de que comparezca en la Diputación Permanente de Les Corts para explicar la sanción de la Comisión de Defensa de la Competencia valenciana a cuatro empresas de comunicación, entre ellas la del hermano del president, Comunicacions dels Ports, por actuar «como un cártel» en una licitación pública.

Ha señalado que «sorprende» que el Partido Popular haga esa petición de comparecencia, entre otras cosas porque la Administración ha funcionado «con absoluta normalidad» y este asunto no le afecta «para nada».

«Hay empresas que en un momento determinado tienen algún tipo de sanción, como es el caso, y esa empresa puede o aceptarla o recurrirla, es un funcionamiento absolutamente normal», ha manifestado Puig.

Según ha señalado el president, lo que corresponde ahora es que «continúe ese procedimiento», y después, en el futuro, «aquellos que sean responsables tendrán que dar cuenta, si corresponde».

Puig ha insistido en que respeta «absolutamente» el funcionamiento de la Administración y el funcionamiento de las empresas, y que cuando haya un conflicto se dirima «de una manera razonable, como dice la administración y como dice la justicia», por lo que no tiene «nada que decir».

Francis Puig, multado por amañar precios en un concurso público

La Comisión de Defensa de la Competencia de la Conselleria de Economía ha resuelto sancionar con hasta 26.103 euros a productoras vinculadas a Francis Puig y sus socios por constituir un cartel que pactó precios en el marco de una licitación pública para la contratación del servicio de corresponsalías en ‘A Punt’, la entidad que puso estos hechos en conocimiento de esta administración.

La Subsecretaría de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo incoó en diciembre de 2019 expediente sancionador a cuatro mercantiles, entre ellas empresas de comunicación en las que participa Francis Puig, hermano del ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, al observar «indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia».

Ahora, la Comisión de Defensa de la Competencia ha dictado la resolución, en la que considera que se ha acreditado una «infracción muy grave» del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, constitutiva de cártel, por falseamiento de la competencia.

Así, sanciona con 16.801 euros a Comunicacions dels Ports, cuyo responsable es Francis Puig; multa con 26.103 euros a Canal Maestrat y Kriol, de los hermanos Adell Bover, solidariamente por aplicación de la doctrina sobre unidad de empresa; y a Visualiza con 3.337 euros, en el marco de un concurso de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) del servicio de recursos audiovisuales que presten los servicios de recursos de imágenes con equipos ENG, corresponsalías en determinadas zonas de la Comunitat.

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Valencia

La acampada propalestina de València cumple una semana y pide respuestas de la Universitat

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acampada propalestina de Valencia

València, 6 may (EFE).- Los universitarios que participan en la acampada de solidaridad con Palestina que desde hace una semana se realiza en la Facultad de Filosofía de la Universitat de València (UV), denuncian que aún siguen «sin respuesta» por parte del rectorado, al que reclaman que se siente con ellos para hablar de sus demandas.

La acampada, que parte del movimiento social BDS País Valencià, exige el «fin del genocidio en Gaza», pero también el cese de acuerdos de las universidades e instituciones con cualquier empresa u organismo de Israel que financie este «apartheid».

«Ya llevamos una semana entera, se cumplen ocho días de acampada y aún hoy seguimos sin respuesta de la UV», ha asegurado a EFE uno de los estudiantes que participa en la protesta, que ha añadido que sus demandas son públicas y se «conocen de sobra» por parte de la Universitat.

Según explica, aunque la UV remitió un comunicado a los medios de comunicación, a ellos no se ha dirigido y esperan que a lo largo de esta semana el rectorado se ponga en contacto con ellos y, al menos, se siente a hablar de sus demandas.

Imágenes de la acampada, este lunes en València. EFE/C.Tejerina

«Queremos que todas nuestras demandas se cumplan, eso de base, pero al menos esperamos que la Universitat de València tenga la capacidad de sentarse, acercarse y dialogar, porque hasta el momento no lo ha hecho», ha afirmado.

La acampada universitaria en solidaridad con Palestina se inició la noche del pasado 29 de abril con medio centenar de personas, en una iniciativa por parte del colectivo BDS País Valencià, un movimiento social de solidaridad con el pueblo palestino que denuncia el «genocidio» en Gaza y reclama el boicot al «apartheid israelí», y que se anunció como la primera de sus características en toda España.

Una de las universitarias participantes en la acampada ha explicado a EFE que acude mucha gente a visitarles, porque han recibido «mucho apoyo, se ha volcado mucha gente y el profesorado», y aunque varía la cifra de personas que está cada día en la acampada, ya que tanto fuera como dentro de la Facultad hay «unas condiciones difíciles», van rotando y hay más de medio centenar de personas todos los días.

Una semana después, una veintena de tiendas de campaña siguen en la entrada de la Facultad y, según afirman sus miembros, seguirán con la protesta hasta que no se dé respuesta a sus reivindicaciones.

Los acampados reivindican al Gobierno el fin de la compraventa de armas y de las relaciones con Israel, sumarse a la iniciativa sudafricana en el Tribunal Internacional de Justicia, recuperar la jurisdicción universal y poner fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina, y que se derogue la Ley mordaza y la Ley de Extranjería.

A la UV le piden el «compromiso claro y firme por escrito de no firmar ningún acuerdo ni convenio con instituciones israelíes ni ahora ni en un futuro hasta que no acaban los crímenes de lesa humanidad israelíes contra el pueblo palestino y la violación sistemática y masiva de los Derechos Humanos».

También el «fin de todas las colaboraciones y contratos con empresas cómplices de los crímenes de lesa humanidad israelíes a Palestina» y que firmen nuevos acuerdos, convenios y colaboraciones con universidades palestinas.

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