La Audiencia Nacional inicia este martes el juicio por el ‘caso Nummaria’, en el que los actores Imanol Arias y Ana Duato, junto con otros treinta acusados, enfrentan cargos por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado solicitan alrededor de 30 años de cárcel para ambos actores, así como para el productor de la serie ‘Cuéntame cómo pasó’ y esposo de Duato, Miguel Ángel Bernardeau, y la hermana de Arias, Ana Isabel Arias Domínguez, por presuntamente haber evadido impuestos mediante un despacho de abogados, Nummaria, que se dedicaba a crear y mantener una estructura jurídico-económica con ese fin.

En concreto, Anticorrupción reclama 32 años de cárcel para Duato y 27 años para Arias. La Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria en el procedimiento, solicita penas similares: 28 años para ambos y multas que suman aproximadamente 16 millones de euros.

Fianzas solidarias de más de dos millones

Según el calendario provisional elaborado por el tribunal, se espera que la vista oral se alargue hasta septiembre, con aproximadamente 24 sesiones.

En el auto de apertura de juicio oral, acordado en julio de 2020, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, impuso a Duato una fianza solidaria junto con otros tres acusados de más de 2,5 millones de euros, para la eventual indemnización a la Hacienda Pública por el IRPF defraudado entre 2010 y 2017.

A Arias se le impuso también una fianza solidaria junto con otros seis acusados, por valor de algo más de 2,4 millones de euros, por el IRPF dejado de abonar entre 2010 y 2015.

«Mantener oculto el patrimonio acumulado»

El juez Moreno concluyó que el despacho Nummaria creó una estructura de sociedades «cuya única finalidad era evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta les generó».

El escrito de acusación del Ministerio Público también se dirige contra cuatro entidades como responsables civiles y coloca en el centro de la trama para evadir impuestos al propietario del despacho, Fernando Peña.

Según Anticorrupción, Peña «creó un entramado de sociedades españolas y controlaba múltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria y para que sus clientes las emplearan en actividades ilícitas».

Estas sociedades, más de 200, eran utilizadas para ocultar operaciones tanto frente a la Hacienda Pública como frente a terceros que tuvieran derechos de crédito contra los acusados. «Los integrantes del despacho eran conscientes de que estas estructuras se iban a utilizar para realizar actividades delictivas», subraya el Ministerio Público.

Fraude de seis y siete años

Para Imanol Arias, Nummaria creó una estructura que le permitió ocultar al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación en la serie de televisión ‘Cuéntame cómo pasó’. Según Anticorrupción, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascienden a 2,7 millones de euros. Por ello, se le imputan seis delitos contra la Hacienda Pública, todos referidos al IRPF entre 2010 y 2015.

Ana Duato, según el escrito de la Fiscalía, defraudó 1,9 millones de euros a Hacienda, y se le imputan siete delitos fiscales relacionados con el IRPF en dos periodos: 2010-2012 y 2014-2017.

En cuanto al cerebro del entramado, Fernando Peña, quien habría defraudado 15,7 millones de euros, la Fiscalía le acusa de 68 delitos por los que se piden 298 años y 9 meses de prisión. Entre los delitos se encuentran organización criminal, estafa procesal, falsedad de documento mercantil, insolvencia y múltiples delitos contra la Hacienda Pública.

El cerebro del entramado

Para controlar el sistema que permitía a clientes como Arias y Duato defraudar el pago de impuestos, Peña contó con su hijo Pedro Ángel Peña Bello y los jefes de departamento José Luis Álvarez García (fiscal), Pedro Mena Regodón (contable) y Francisco Javier Gómez Gutiérrez (jurídico), quienes, según la instrucción, «actuaban coordinadamente bajo la jefatura de Fernando Peña y con reparto de funciones, manteniendo su actividad ilícita desde al menos el año 2005».

Este sistema ocultaba la titularidad de las sociedades, evitando contingencias fiscales por IRPF y las asociadas al reparto de beneficios, o posibles ganancias de patrimonio no justificadas. Para lograrlo, se evitaba que la facturación a clientes se hiciera desde las sociedades operativas, desplazando dicha facturación hacia sociedades sometidas al régimen de imputación de rentas, simulando la salida de España de las rentas sin tributación alguna en el país.

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