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Muere Juan Cotino por coronavirus

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El expresidente de Les Corts Valencianes, exconseller en la etapa del PP y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, ha fallecido tras estar casi un mes ingresado en el Hospital de Manises, donde dio positivo a la prueba de Covid-19.

Según han indicado a Europa Press fuentes del entorno, el político valenciano se encontraba en la UCI y aunque los últimos partes médicos eran bastante buenos, tras casi un mes intubado el coronavirus le ha afectado a varios órganos y ha fallecido. La familia, han explicado, está «destrozada» y de momento no piensa hacer ninguna declaración pública.

Cotino ingresó el 17 de marzo en el Hospital de Manises tras encontrarse indispuesto y un primer test del coronavirus arrojó un resultado negativo. No obstante, se le efectuó una segunda prueba que dio positiva en Covid-19. Ante su delicado estado de salud, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde ha falecido.

Se da la circunstancia de que Cotino estuvo del 9 al 12 de marzo en Madrid para acudir al juicio en el que se le juzgaba por presuntas irregularidades en la contratación de pantallas para la visita del papa Benedicto XVI a València en 2006, dentro del conocido como caso Gürtel.

Declaró el 12 de marzo –que sería la última sesión al aplazarse horas después el juicio por la pandemia– y tras concluir la comparecencia el presidente del tribunal le recordó que quedaba exento de asistir a las siguientes sesiones hasta el último día, momento en que podría utilizar el turno de última palabra. «Pues si el coronavirus os deja, aquí estaremos», se despidió Cotino.

Cotino (Xirivella, 26-01-1950), fue en su juventud presidente de la Cámara Agraria de Xirivella y también uno de los creadores de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA). Asimismo, fue uno de los fundadores de la UCD en la Comunitat Valenciana y concejal en su localidad natal por esta fuerza política.

En 1991 fue elegido concejal en el Ayuntamiento de València, en la candidatura liderada por Rita Barberá. Asumió el cargo de Teniente de Alcalde y concejal de Tráfico, Policía Local, Acción Social y Solidaridad. Fue reelegido en las elecciones de 1995, pero en 1996 fue nombrado director general de la Policía con Jaime Mayor Oreja (PP) como ministro del Interior.

Ocupó ese cargo hasta 2002, momento en el que fue nombrado delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Con la victoria socialista de 2004, fue relevado y pasó entonces a la política autonómica, donde desempeñó la dirección de varias consellerias. Así, en 2004 asumió Agricultura, Pesca y Alimentación; en 2007 pasó a Bienestar Social y asumió la vicepresidencia tercera; y en 2009 fue nombrado conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, además de mantenerse como vicepresidente tercero.

Posteriormente, en junio de 2011 Cotino tomó posesión como presidente de Les Corts Valencianes jurando sobre la Biblia, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y ante un crucifijo, y renunció en octubre de 2014 «para volver a trabajar en el campo» tras 40 años en el mundo de la política. De hecho, el propio parlamento valenciano ha confirmado la noticia de su muerte y ha mostrado sus condolencias a familiares y amigos.

En 2016 la segunda comisión de investigación de Les Corts del accidente de metro del 3 de junio de 2016 en Valencia, en el que perdieron la vida 43 personas y otras 47 resultaron heridas, concluyó que el siniestro era «previsible y evitable» y señaló a 13 responsables políticos, entre los que figuraba Juan Cotino.

Se le acusó de haber visitado en aquellos momentos a familiares de víctimas del accidente ofreciendo empleo y ayudas y preguntando si iban a personarse en el proceso judicial puesto en marcha. En su comparecencia en la comisión pidió «perdón» a las familias de las víctimas «por no haberlas atendido mejor», pero ha subrayado que intentó «ayudar en la medida de lo posible» durante las aproximadamente 35 visitas que realizó a título «personal». «No ofrecí nada a nadie para pedirles nada a cambio», aseguró.

CAUSAS JUDICIALES PENDIENTES
En el plano judicial, Cotino tenía pendientes tres causas judiciales: la primera la que ya se estaba juzgando en la Audiencia Nacional relacionada con presuntas irregularidades en la contratación de pantallas para la visita del papa Benedicto XVI a València en 2006. Se enfrentaba a 11 años de prisión que le reclamaba la Fiscalía.

En su declaración se desvinculó de la organización de la visita del Papa y aseguró que él solo se encargó de coordinar a los grupos de voluntarios en materia de seguridad. Negó, así, haber participado o haber estado presente en las reuniones en las que se negoció el pago de más de 7 millones de euros a la trama Gürtel por la instalación de pantallas gigantes y sistema de megafonía.

Por su parte, también estaba imputado en el procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia para investigar presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI.

Asimismo, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València que investiga el caso Erial había citado a declarar a finales de marzo y principios de abril a Juan Cotino, entre otros, como investigado, en este caso en el que se investigan presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano.

Cotino ha defendido siempre ante la justicia su inocencia y recalcó hace casi cuatro años que nunca había metido la mano en ningún cajón aunque podía haber metido la pata «muchas veces» durante su gestión política.

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BBVA propondrá a la junta ampliar capital para avanzar en la compra del Sabadell

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Fusión BBVA-Sabadell
El presidente del grupo financiero BBVA, Carlos Torres Vila. EFE/ José Méndez

Madrid, 31 may (OFFICIAL PRESS-EFE).- El BBVA ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 5 de julio (en segunda convocatoria), a la que propondrá la ampliación de capital necesaria para llevar a cabo el canje de acciones con Banco Sabadell.

Según ha explicado este viernes la entidad en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la citada ampliación de capital consistirá en la emisión de nuevas acciones de BBVA, que serán entregadas a los accionistas de Banco Sabadell que acepten la oferta.

Asimismo, ha recalcado, dicha ampliación no supondrá desembolso alguno por parte de los accionistas de BBVA.

El aumento del capital se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de hasta un máximo de 1.126.339.845 de nuevas acciones ordinarias de 0,49 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y con los mismos derechos y obligaciones que las acciones de BBVA actualmente en circulación.

El importe definitivo de la ampliación dependerá del número de aceptaciones que se reciban por parte de los accionistas del Sabadell.

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, considera que con la ampliación de capital la entidad da un paso en el proceso de compra a los accionistas de Banco Sabadell, y que la unión de ambas entidades generará valor para todos y, en particular, para los accionistas, al crear un banco más fuerte y competitivo.

Para ello, BBVA ha propuesto a los accionistas de Banco Sabadell el intercambio de una nueva acción de BBVA por 4,83 acciones del Sabadell. Tras el canje y suponiendo una aceptación del 100 % por parte de los accionistas del Sabadell, estos tendrán una participación del 16 % en BBVA.

Además, los accionistas del Banco Sabadell se beneficiarán de una prima del 30 % sobre la cotización del cierre de ambas entidades del pasado 29 de abril; del 42 % sobre las medias ponderadas del último mes; o del 50 % sobre las medias ponderadas de los últimos tres meses.

BBVA mantendrá su actual política de remuneración al accionista, que supone repartir entre el 40 % y el 50 % del beneficio, con la posibilidad de combinar dividendos en efectivo y recompras de acciones, y seguirá comprometido en distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12 %.

Asimismo, argumenta BBVA, tener un entidad «más fuerte y rentable» también se traducirá en más financiación para empresas y familias, con una capacidad adicional de concesión de crédito de 5.000 millones de euros al año en España, y en una mayor contribución a las arcas públicas vía impuestos», lo que redundará en un mayor progreso económico y social.

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