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Valencia

Archivada la causa contra Francisco Camps por la visita del Papa a Valencia

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Valencia, 19 abr (EFE).- La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha archivado la causa abierta contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y otros procesados por los contratos efectuados para preparar la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, el tribunal desestima el recurso de apelación interpuesto por el ministerio fiscal y la representación de la Generalitat Valenciana contra el sobreseimiento provisional dictado por el juzgado de instrucción número 5 de Valencia.

En esta causa estaban imputados, además de Camps, el exconseller Víctor Campos, el obispo Esteban Escudero y Enrique Pérez Boada, secretario de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, entre otros.

En los fundamentos jurídicos, el auto indica que de las diligencias practicadas durante la instrucción no se desprende «elemento alguno que permita sostener» que en los acuerdos adoptados por el Gobierno valenciano en los años 2005, 2009, 2010 y 2014 «no se hubieran respetado las formas, o que los mismos se hubieran adoptado de forma arbitraria o que se hubieran realizado al margen de la normativa reguladora».

Tras asegurar que la Fundación era privada, el auto afirma que no existe ningún indicio de que los investigados se hubieran concertado en el momento de la constitución de la entidad para eludir deliberadamente la normativa de contratación pública.

«Dado que los sujetos encargados de las contrataciones han reconocido que obraron libremente y de acuerdo con su leal saber y entender, no es posible atribuir a los creadores de la Fundación la responsabilidad por las modalidades jurídicas empleadas e irregularidades que se les quiera adosar», detalla el auto.

Y «máxime cuando buena parte de los trabajos a realizar y financiar eran inciertos y dependían de elementos impredecibles como el grado de participación de otras instituciones públicas y privadas, la intervención de donantes particulares y demás circunstancias sobrevenidas concitables con los fines altruistas de la Fundación y la casuística que iba surgiendo», añade.

Además, «no se ha demostrado tras cinco años de pesquisas, que a través de los contratos se hubiera favorecido a determinados contratistas o a la Fundación».

Por tanto, resume el auto de la Audiencia de Valencia, «no se adivina ningún propósito delictivo en el acuerdo de creación de la Fundación, ni actuación posterior dirigida a señalar el camino ilícito a los contratistas de la Fundación, respecto de los que no existe ningún indicio de conexión en ese sentido, pues el alegado por el Ministerio Fiscal, referido al ‘protagonismo jactancioso’ del presidente Camps en el ejercicio de sus funciones públicas, o la manifestación de que ‘en aquella época se hacía lo que mandaba el Presidente”, no son más que comentarios personales extraños al debate jurídico».

Sobre los dos millones de euros aportados por la Generalitat en 2010 a la Fundación, la resolución judicial indica que la entrega de ese dinero «no fue una decisión personal y privada de ningún investigado revestido de autoridad, ni su destino fue enriquecer injustamente un patrimonio privado sino que se empleó en el abono de los trabajos y servicios realizados para la celebración del evento, por lo que no se puede hablar de malversación de caudales públicos.

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Sucesos

Suben a 8 las víctimas, 5 de ellas menores, por agresión sexual de un miembro de una relevante iglesia evangélica valenciana

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agresión sexual iglesia evangélica valenciana
Suben a 8 las víctimas, 5 de ellas menores, por agresión sexual de un miembro de una relevante iglesia evangélica valenciana-ARCHIVO FREEPIK

València, 17 may (OP-EFE).- Un miembro relevante de una asociación de carácter religioso de Valencia permanece en prisión, por riesgo de fuga y de reiteración delictiva, acusado de haber agredido sexualmente a ocho personas de las que, al menos, cinco serían menores de edad, según fuentes judiciales.

La Policía Nacional ya informó en julio de 2023 de la detención de este hombre de 30 años en una localidad de la comarca valenciana de l’Horta que aprovechaba su condición de «miembro destacado» de una entidad religiosa para ganarse la confianza de menores de corta edad, a tres de las cuales agredió sexualmente e hizo tocamientos durante años.

A ese hombre, de origen paraguayo, se le acusaba entonces de realizar tocamientos a tres niñas y de dos delitos de exhibicionismo y provocación sexual por mostrar contenido pornográfico, incitar a prácticas sexuales y masturbarse delante de dos niños.

La investigación se inició después de que se tuviera conocimiento de que dos hermanas, una de ellas menor de edad, podían haber sido agredidas sexualmente por un hombre amigo de la familia.

Al parecer, el hombre habría comenzado a agredir a la mayor de ellas cuando él era también menor de edad y la víctima apenas tenía 5 años, sometiéndola a tocamientos durante más de diez años.

Asimismo, averiguaron que la otra hermana, también menor de edad, también habría sufrido este tipo de conductas en varias ocasiones aprovechando que el hombre recogía a la niña del colegio cuando su madre trabajaba y se quedaba a solas con ella en el domicilio.

Durante la investigación, los agentes descubrieron otra agresión sexual cometida por el investigado a otra menor, así como de otro hecho también de índole sexual ocurrido con dos jóvenes cuando estos también eran menores, donde al parecer, el hombre les habría mostrado contenido pornográfico incitándoles a realizar prácticas sexuales mientras se masturbaba.

El hombre aprovechaba la diferencia de edad con las víctimas y su inmadurez, ya que la mayoría tenía entre 5 y 8 años, para lograr una escasa resistencia. Además les convencía para que no contaran nada de lo sucedido a sus progenitores y les hacía creer que era un juego secreto entre ellos.

Las novedades judiciales del caso

Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha confirmado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Mislata tiene abiertas esas diligencias previas desde junio de 2023 tras la detención del sospechoso por la Policía Nacional como presunto autor de cinco delitos de agresión sexual contra menores de edad.

El pasado 9 de febrero, el nuevo titular del juzgado, tras recibir declaración de dos de esas víctimas como prueba preconstituida, convocó una comparecencia de prisión y, a petición de la Fiscalía y la acusación particular, decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado.

El juez tomó esa medida al apreciar un evidente riesgo de fuga y de reiteración delictiva, y también le impuso medidas cautelares de prohibición de aproximación y de comunicación respecto a las cinco víctimas contabilizadas en ese momento.

El pasado 12 de abril, el juez dictó un nuevo auto en el que denegó la petición de libertad formulada por la defensa del investigado, ya que entendía que persistía el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, riesgo que no podía conjurarse con medidas menos restrictivas que la prisión preventiva.

A ello se suma el hecho de que la Policía hubiera presentado un nuevo atestado donde hacía constar la existencia de tres nuevas víctimas, con lo que el número total de éstas ascienden ya a ocho, señalan desde el TSJCV.

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