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Valencia

Archivan la causa por «pitufeo» contra varios concejales del PP en València

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Archivan la causa por "pitufeo" contra varios concejales del PP en València
El exconcejal del grupo popular en el Ayuntamiento de València Vicente Igual (i), uno de los ediles a los que se ha archivado la causa por 'pitufeo', en la Ciudad de la Justicia. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València, 14 dic (EFE).- La Audiencia de Valencia ha archivado la causa del llamado «pitufeo» para trece de los investigados en este caso, varios de ellos concejales del PP en la época de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València, al considerar que no existen contra ellos indicios de la comisión de un delito de blanqueo.

Según el auto de la Sección Cuarta de la Audiencia hecho público este martes, que no puede ser recurrido, se archiva así la causa contra exediles como María Jesús Puchalt, Francisco Lledó, Vicente Igual, Silvestre Senent, Lourdes Bernal, Félix Crespo y Beatriz Simón, que habían apelado contra el auto de procesamiento contra medio centenar de cargos y asesores de la etapa de Barberá.

El pasado 19 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 18 anunciaba el procesamiento de 49 concejales y asesores del Ayuntamiento en la etapa de Rita Barberá como alcaldesa, así como del PP local como persona jurídica, por blanqueo de capitales en las elecciones municipales de 2015, en un auto que llegaba tras casi 6 años de una enmarañada investigación policial y judicial.

Ese escrito también analizaba el presunto entramado creado para la financiación del PP en las elecciones de 2007 y 2011, y señalaba a Alfonso Grau, quien fuera «mano derecha» de Barberá como vicealcalde, como «recaudador de recursos económicos sustraídos a la regularidad y transparencia contable», y a María del Carmen García Fuster, la secretaria de aquel grupo municipal, como administradora de esos recursos.

Pero varios de los exediles procesados por ese juzgado apelaron contra esa decisión alegando que los hechos probados fueron «confeccionados sin contar con el respaldo indiciario suficiente que dé cobertura a los elementos objetivos y subjetivos propios de la infracción delictiva».

La Audiencia, tras repasar el auto de apertura de procedimiento abreviado contra los exconcejales y exasesores y alumbrar las contradicciones que halla en él, asevera que esa decisión del 19 de octubre «se debe sustentar en un juicio de probabilidad delictiva, no en el de la posibilidad de que haya sucedido el delito, sea en sentido positivo o negativo».

También carga contra el hecho de que se hayan aceptado como pruebas dos conversaciones de un grupo de Whatsapp («una con generalidades respecto al cobro de dinero negro» y otra que alude al entonces presidente de la Diputación y del PP provincial de Valencia, Alfonso Rus), así como unas testificales de exasesores del grupo municipal con suposiciones sobre la donación.

El auto de la Audiencia también alude a la grabación de una conversación telefónica entre la exconcejal y esposa de Grau María José Alcón -ya fallecida- con su hijo donde solo hay «una suposición», y a la denuncia anónima en Fiscalía que dio lugar a la investigación policial y judicial pero que «carece de valor alguno según reiterada jurisprudencia».

“En modo alguno puede sostenerse más allá del espacio de la mera sospecha que los apelantes recibieron el dinero sucio propuesto y consumaron con esta acción el injusto típico característico del delito imputado”, razona la Sala, que estima así el recurso de apelación presentado por trece de los 49 procesados y revoca la resolución del juzgado.

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Valencia

La acampada propalestina de València cumple una semana y pide respuestas de la Universitat

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acampada propalestina de Valencia

València, 6 may (EFE).- Los universitarios que participan en la acampada de solidaridad con Palestina que desde hace una semana se realiza en la Facultad de Filosofía de la Universitat de València (UV), denuncian que aún siguen «sin respuesta» por parte del rectorado, al que reclaman que se siente con ellos para hablar de sus demandas.

La acampada, que parte del movimiento social BDS País Valencià, exige el «fin del genocidio en Gaza», pero también el cese de acuerdos de las universidades e instituciones con cualquier empresa u organismo de Israel que financie este «apartheid».

«Ya llevamos una semana entera, se cumplen ocho días de acampada y aún hoy seguimos sin respuesta de la UV», ha asegurado a EFE uno de los estudiantes que participa en la protesta, que ha añadido que sus demandas son públicas y se «conocen de sobra» por parte de la Universitat.

Según explica, aunque la UV remitió un comunicado a los medios de comunicación, a ellos no se ha dirigido y esperan que a lo largo de esta semana el rectorado se ponga en contacto con ellos y, al menos, se siente a hablar de sus demandas.

Imágenes de la acampada, este lunes en València. EFE/C.Tejerina

«Queremos que todas nuestras demandas se cumplan, eso de base, pero al menos esperamos que la Universitat de València tenga la capacidad de sentarse, acercarse y dialogar, porque hasta el momento no lo ha hecho», ha afirmado.

La acampada universitaria en solidaridad con Palestina se inició la noche del pasado 29 de abril con medio centenar de personas, en una iniciativa por parte del colectivo BDS País Valencià, un movimiento social de solidaridad con el pueblo palestino que denuncia el «genocidio» en Gaza y reclama el boicot al «apartheid israelí», y que se anunció como la primera de sus características en toda España.

Una de las universitarias participantes en la acampada ha explicado a EFE que acude mucha gente a visitarles, porque han recibido «mucho apoyo, se ha volcado mucha gente y el profesorado», y aunque varía la cifra de personas que está cada día en la acampada, ya que tanto fuera como dentro de la Facultad hay «unas condiciones difíciles», van rotando y hay más de medio centenar de personas todos los días.

Una semana después, una veintena de tiendas de campaña siguen en la entrada de la Facultad y, según afirman sus miembros, seguirán con la protesta hasta que no se dé respuesta a sus reivindicaciones.

Los acampados reivindican al Gobierno el fin de la compraventa de armas y de las relaciones con Israel, sumarse a la iniciativa sudafricana en el Tribunal Internacional de Justicia, recuperar la jurisdicción universal y poner fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina, y que se derogue la Ley mordaza y la Ley de Extranjería.

A la UV le piden el «compromiso claro y firme por escrito de no firmar ningún acuerdo ni convenio con instituciones israelíes ni ahora ni en un futuro hasta que no acaban los crímenes de lesa humanidad israelíes contra el pueblo palestino y la violación sistemática y masiva de los Derechos Humanos».

También el «fin de todas las colaboraciones y contratos con empresas cómplices de los crímenes de lesa humanidad israelíes a Palestina» y que firmen nuevos acuerdos, convenios y colaboraciones con universidades palestinas.

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