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Constituida la comisión negociadora del ERTE que afectará a 5.709 trabajadores de Ford Amussafes

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VALÈNCIA, 22 Oct.- La Comisión Negociadora del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la factoría de Ford Almussafes (Valencia) –que se aplicará durante varios días de noviembre y diciembre y afectará a un total de 5.709 trabajadores– ha quedado constituida este martes, han informado fuentes sindicales.

En este primer encuentro de la comisión –se ha convocado la siguiente para mañana miércoles–, la empresa ha confirmado que los días programados son el 4 y 5 de noviembre y 18, 19 y 20 de diciembre (3 y 4 de noviembre y 17, 18 y 19 de diciembre para el turno de noche).

Los trabajadores afectados serán 5.709 –de una plantilla de 7.348, según la media del último año– y no están incluidos los empleados de las plantas de recambios, motores, motriz, así como aquellos que desarrollan su labor en departamentos especiales, como Seguridad o Incendios.

Las mismas fuentes apuntan que la dirección justifica el ERTE en la incertidumbre creada por el Brexit y la debilidad generalizada de las ventas en el mercado europeo.

Desde UGT, el sindicato mayoritario en la planta valenciana, su portavoz Carlos Faubel ha señalado que si la plantea un ERTE «en las mismas condiciones que los anteriores», en los que se ha conservado el 80 por ciento de su salario bruto y el 100% de las pagas, vacaciones y antigüedad, está dispuesto a firmarlo en la próxima reunión. Se trata ya del cuarto expediente de regulación temporal de empleo que afecta a la factoría y que supondrá un descenso de la producción en unos 9.000 vehículos hasta final de año.

El sindicato CCOO hace notar que la empresa «no ha dado ninguna garantía» de no aplicar más expedientes de este tipo ni de que en caso de un excedente de personal vaya a cubrir los meses de paro consumidos por los trabajadores. Lo único que hace Ford, apuntan, es «complementar el 10 por ciento, por lo que el trabajador pone su paro, deja de percibir el 20 por ciento de su salario «y encima tiene que rendir cuentas con Hacienda al tener dos pagadores».

Por ello, la propuesta de esta organización es la utilización de cinco días de jornada industrial –dos días del 2020 y tres de 2021–, de manera que se cubriría las jornadas del ERTE y los empleados «no tendrían que consumir su desempleo, ni sufrir una merma económica del 20 por ciento en el salario ni tener que pagar más a Hacienda», defienden.

Por su parte, STM Intersindical ha mostrado su disposición a negociar y a firmar el ERTE si la empresa acepta una serie de condiciones, entre ellas que complemente el cien por cien del salario, es decir, que las personas afectadas «no pierdan ni un solo euro con respecto a las no afectadas».

Igualmente, pide restablecer el descuento del 21% en la compra de vehículos Ford para empleados y familiares directos o bien un plan de renting verdaderamente atractivo para poner en valor la plantilla y aumentar los pedidos, lo que, para este sindicato, podría traducirse en una reducción del número de días de ERTE.

Asimismo, solicita que en caso de despido, la empresa se comprometa a abonar las prestaciones por desempleo consumidas en este y anteriores ERTE garantizando la cuantía de los 24 meses de prestación por desempleo.

Por su parte, CGT ha propuesto que se rebajen los «ritmos salvajes» de trabajo en la cadena de producción, donde según denuncia, los empleados están «trabajando al 120%» y además, «todos los turnos están haciendo una cantidad ingente horas extra».

Así, ha propuesto bajar el ritmo de producción para «adecuarla» a las fluctuaciones del mercado como se ha hecho años atrás, y con sus beneficios, Ford «es perfectamente capaz de asumir» un descenso de ventas y hacer paros técnicos para hacer cursos de formación en nuevas tecnologías o labores de mantenimiento.

Sin embargo, lamenta CGT, en la actualidad «una mala dirección» de la empresa ha convertido en «costumbre» que sea el trabajador el que cargue con las consecuencias y tenga que gastar su prestación de desempleo.

Fuente: EUROPA PRESS

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El juez pide a la Policía una copia del DNI de Begoña Gómez «visto el estado de las actuaciones»

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Begoña Gómez última hora
Begoña Gómez

El juez que está investigando la denuncia presentada por Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias, ha solicitado a la Policía Nacional una copia autenticada y legible del DNI de la señora Gómez, «dado el estado actual de las actuaciones».

En una providencia obtenida por Europa Press, el juez instructor Juan Carlos Peinado se dirige expresamente a Gómez como «investigada», aunque aún no ha sido formalmente citada como tal en el proceso.

Las visitas del fiscal

Por otro lado, el juez también ha pedido al Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que evalúe «las visitas personales frecuentes e inusuales» realizadas en la sede judicial por parte del representante del Ministerio Fiscal. Esta solicitud se realiza debido a lo inusual de la actitud procesal de la Fiscalía, especialmente en relación con la interposición automática de recursos de apelación y la insistencia en ser informados de forma inmediata sobre las resoluciones dictadas y las que puedan ser emitidas en el futuro.

En respuesta a esta solicitud del juez, fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que si la Fiscalía muestra interés en el caso, es porque el magistrado «no ha notificado nada a la Fiscalía». Afirman que el juez inició las diligencias sin notificarles, y solo lo hizo cuando el fiscal preguntó al respecto.

Además, estas fuentes destacan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emite comunicados de prensa sobre el caso, pero no informa a la Fiscalía, que es parte en el proceso. Esto ha llevado a situaciones en las que la Fiscalía tuvo que pedir información después de enterarse de los avances del caso a través de los medios de comunicación.

En resumen, la Fiscalía considera que es fundamental ser notificada oficialmente sobre los procedimientos judiciales en los que está involucrada, ya que esto le permite cumplir con su deber de representar los intereses del Estado en el proceso.

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