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El juicio por el accidente del metro de València ya tiene fecha y se alargará más de medio año

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La Audiencia de Valencia reabre la causa del accidente de metro

València, 15 nov.- El juicio por el accidente del metro de València de 2006 tendrá lugar el próximo mes de enero de 2020, según han pactado este viernes las acusaciones y las defensas en una reunión convocada por el Juzgado de lo Penal número 6 de València. El día del inicio aún está por concretar, aunque todo parece indicar que la vista empezará a mediados de enero.

El Juzgado de lo Penal número 6 será el encargado de enjuiciar a los ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) procesados por el siniestro, tal y como han adelantado Levante-EMV y Las Provincias.

El juicio llegará en el cumplimiento del 14 aniversario del accidente en el que dos trenes de Metrovalencia descarrilaran en la curva del trayecto que comunica las estaciones de Plaza de España y Jesús. En el accidente fallecieron 43 personas, incluyendo el maquinista y la interventora del tren, y otras 47 resultaron heridas.

El proceso judicial se prolongará entre seis y siete meses. El juzgado ha fijado en un principio un calendario provisional de sesiones que se extendería hasta mediados de julio. Todo parece indicar que el plazo podría alargarse con cualquier cuestión procesal que se produzca.

EL CALENDARIO JUDICIAL
El juzgado ha fijado para la primera semana del proceso las cuestiones previas, donde las partes pueden pedir la nulidad de determinadas acciones. Además, durante la primera semana se podrán llevar a cabo otras actuaciones o posibles aplazamientos de las sesiones por cuestiones extrajudiciales.

En la segunda semana, se procedería a escuchar la declaración de los ocho procesados: la exgerente Marisa Gracia; el ex jefe de Talleres, Luis Miguel Domingo; el exdirector de Operaciones, Manuel Sansano; el que fuera responsable de la auditoría para la seguridad y circulación, Juan José Gimeno; el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente; Francisco García y Vicente Contreras, respectivamente director técnico y adjunto de Explotación; y Francisco Orts, que encabezaba la dirección de Estudios y Proyectos.

Finalmente, les tocaría el turno a casi medio centenar de testigos y pertios: 53 sesiones en las que las partes interrogarán a aquellas personas que comparezcan. El proceso se cerraría con otras dos semanas para presentar posibles las distintas pruebas documentales y el lanzamiento de conclusiones e informes finales por parte de la fiscalía, defensas y acusaciones particulares.

LA REACCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
La Asociación de Víctimas del metro 3 de julio han reaccionado al conocer la noticia de la fijación de fecha para el juicio. Por ello, han transmitido su «satisfacción por este paso que nos acerca un poco más a averiguar toda la verdad sobre el accidente, y a que se señalen los verdaderos responsables de la muerte de 43 personas, entre ellas dos trabajadores de FGV, y de las lesiones de otros 47″.

Las familias de las víctimas mortales y de los heridos en el accidente de la estación de Jesús se han mostrado»convencidas que el juicio finalizará con la condena de los 8 acusados por su presunta falta de diligencia en la gestión de la empresa».

Asimismo, han añadido que «debido a sus cargos, los acusados eran conocedores del riesgo que suponía para la circulación dejar toda la responsabilidad en manos del conductor, y aun teniendo la capacidad de actuar, no hicieron nada para evitarlo, por lo que cabe sostener que existen indicios de la criminalidad respecto a las personas investigadas».

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BBVA propondrá a la junta ampliar capital para avanzar en la compra del Sabadell

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Fusión BBVA-Sabadell
El presidente del grupo financiero BBVA, Carlos Torres Vila. EFE/ José Méndez

Madrid, 31 may (OFFICIAL PRESS-EFE).- El BBVA ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 5 de julio (en segunda convocatoria), a la que propondrá la ampliación de capital necesaria para llevar a cabo el canje de acciones con Banco Sabadell.

Según ha explicado este viernes la entidad en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la citada ampliación de capital consistirá en la emisión de nuevas acciones de BBVA, que serán entregadas a los accionistas de Banco Sabadell que acepten la oferta.

Asimismo, ha recalcado, dicha ampliación no supondrá desembolso alguno por parte de los accionistas de BBVA.

El aumento del capital se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de hasta un máximo de 1.126.339.845 de nuevas acciones ordinarias de 0,49 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y con los mismos derechos y obligaciones que las acciones de BBVA actualmente en circulación.

El importe definitivo de la ampliación dependerá del número de aceptaciones que se reciban por parte de los accionistas del Sabadell.

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, considera que con la ampliación de capital la entidad da un paso en el proceso de compra a los accionistas de Banco Sabadell, y que la unión de ambas entidades generará valor para todos y, en particular, para los accionistas, al crear un banco más fuerte y competitivo.

Para ello, BBVA ha propuesto a los accionistas de Banco Sabadell el intercambio de una nueva acción de BBVA por 4,83 acciones del Sabadell. Tras el canje y suponiendo una aceptación del 100 % por parte de los accionistas del Sabadell, estos tendrán una participación del 16 % en BBVA.

Además, los accionistas del Banco Sabadell se beneficiarán de una prima del 30 % sobre la cotización del cierre de ambas entidades del pasado 29 de abril; del 42 % sobre las medias ponderadas del último mes; o del 50 % sobre las medias ponderadas de los últimos tres meses.

BBVA mantendrá su actual política de remuneración al accionista, que supone repartir entre el 40 % y el 50 % del beneficio, con la posibilidad de combinar dividendos en efectivo y recompras de acciones, y seguirá comprometido en distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12 %.

Asimismo, argumenta BBVA, tener un entidad «más fuerte y rentable» también se traducirá en más financiación para empresas y familias, con una capacidad adicional de concesión de crédito de 5.000 millones de euros al año en España, y en una mayor contribución a las arcas públicas vía impuestos», lo que redundará en un mayor progreso económico y social.

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