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Català ve «responsabilidades» en los incidentes de movilidad y señala que Grezzi no puede seguir

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VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) –

La candidata del PP a la Alcaldía de València, María José Català, sí que ve «responsabilidades» en algunos de los accidentes de tráfico registrados en la ciudad, en los que se han visto implicados patinetes, por las políticas de Movilidad aplicadas y considera que el concejal Giuseppe Grezzi «no puede seguir» porque «hay que dejarse de caprichos que tienen consecuencias nefastas».

Català, en la presentación este miércoles de su programa electoral, ha comentado que quiere ser «amable» pero que sí que considera que «determinadas decisiones políticas en materia de movilidad del Gobierno de La Nau han provocado lamentables incidentes». «No estoy echando la culpa a nadie pero hay una persona que no puede seguir en la gestión municipal», ha recalcado.

Al respecto, ha mantenido que aunque el alcalde Joan Ribó «dice que va a esconder a Grezzi en campaña, lo mejor sería que lo escondería definitivamente y que no fuera en la lista». «Si sigue Ribó, sigue Grezzi y sigue todo lo que está haciendo en València», ha advertido. En ese sentido, ha insistido en que es «imposible mantener a alguien que ha demostrado su ineficacia en la gestión».

Por contra, ha recalcado hay que aunar las áreas de seguridad y movilidad, en las que hasta ahora ha habido «una falta de coordinación» por estar en concejalías de distintos partidos, y «dejar de cuestionar a la Policía Local».

Català se ha comprometido a apoyar una movilidad sostenible, pero «con sentido común». Para ello, revertirá los carriles-bici «problemáticos» como el de la Avenida del Reino, la Avenida de Burjassot y rediseñará la calle Colón.

Además, potenciará la EMT y creará un parking lanzadera en la Alameda porque «sin un transporte público no puede haber una ciudad sostenible». Asimismo, ha defendido las empresas de movilidad alternativas. «No todo es carril bici», ha apostillado.

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El juez pide a la Policía una copia del DNI de Begoña Gómez «visto el estado de las actuaciones»

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Begoña Gómez última hora
Begoña Gómez

El juez que está investigando la denuncia presentada por Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias, ha solicitado a la Policía Nacional una copia autenticada y legible del DNI de la señora Gómez, «dado el estado actual de las actuaciones».

En una providencia obtenida por Europa Press, el juez instructor Juan Carlos Peinado se dirige expresamente a Gómez como «investigada», aunque aún no ha sido formalmente citada como tal en el proceso.

Las visitas del fiscal

Por otro lado, el juez también ha pedido al Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que evalúe «las visitas personales frecuentes e inusuales» realizadas en la sede judicial por parte del representante del Ministerio Fiscal. Esta solicitud se realiza debido a lo inusual de la actitud procesal de la Fiscalía, especialmente en relación con la interposición automática de recursos de apelación y la insistencia en ser informados de forma inmediata sobre las resoluciones dictadas y las que puedan ser emitidas en el futuro.

En respuesta a esta solicitud del juez, fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que si la Fiscalía muestra interés en el caso, es porque el magistrado «no ha notificado nada a la Fiscalía». Afirman que el juez inició las diligencias sin notificarles, y solo lo hizo cuando el fiscal preguntó al respecto.

Además, estas fuentes destacan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emite comunicados de prensa sobre el caso, pero no informa a la Fiscalía, que es parte en el proceso. Esto ha llevado a situaciones en las que la Fiscalía tuvo que pedir información después de enterarse de los avances del caso a través de los medios de comunicación.

En resumen, la Fiscalía considera que es fundamental ser notificada oficialmente sobre los procedimientos judiciales en los que está involucrada, ya que esto le permite cumplir con su deber de representar los intereses del Estado en el proceso.

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