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Correa confiesa al juez que el PP de Valencia pagaba en B e implica a Paco Camps

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El presunto ‘cabecilla’ de la trama Gürtel Francisco Correa reconoce que el PP liderado por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps pagó en negro los actos de las campañas de las elecciones municipales de 2007 y de las generales de 2008 a la empresa de la red corrupta Orange Market.

«El pago de los servicios profesionales que se prestaron al PP de Valencia en campañas electorales y otros eventos se abonaron de tres maneras: mediante facturas correctas; mediante pagos en ‘b’ y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas», explica Correa en un escrito remitido al Juzgado Central de lo Penal, al que ha tenido acceso Europa Press.

En este escrito el empresario expresa su «voluntad de esclarecer los hechos objeto de acusación» y traslada al juez su «deseo» de poder alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para que la petición de pena se rebaje. Fuentes fiscales han afirmado a Europa Press que el ministerio público está abierto a estudiar esta atenuante que solicita Correa, pero destaca que esto nunca se traducirá en su excarcelación.

Correa, que se encuentra en prisión cumpliendo condena por una de las piezas de esta causa, se enfrenta a 24 años y medio de prisión por controlar un grupo de empresas que se benefició de adjudicaciones públicas en la Comunitat aprovechando su contactos con «determinadas personas» que desempeñaban un cargo político.

CAMPS OFRECIÓ TRABAJO A LA GÜRTEL
Días antes de que comience el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano –arranca el próximo lunes, día 15 de enero–, el ‘cabecilla’ de la Gürtel concreta en su escrito que la empresa Orange Market, cuyo responsable fue Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ –también en prisión cumpliendo condena por los mismos hechos que Correa– se creó a raíz de que sus empresas dejasen de trabajar para la formación política a nivel nacional.

Continúa diciendo que ‘El Bigotes’ «tenía un contacto que le presentó a Francisco Camps» y que fue el propio expresidente del PP de Valencia «quien le propuso hacer eventos» para la formación política en la región. Sobre el modo de pagos de los eventos realizados por Orange Market, el empresario reconoce el ‘modus operandi’ que describe el Ministerio Público en su escrito de acusación, si bien señala que no conoce los «detalles de tales operaciones».

No obstante sí que reconoce que ese dinero ‘b’ de Valencia se trasladó a Madrid para guardarlo en una «caja ‘b'» que él mismo controlaba. Además, añade que ‘El Bigotes’ cobró durante un tiempo en negro hasta que «resolviese sus problemas fiscales».

Tras esta confesión, Correa se exculpa de la presunta ocultación de fondos y de la creación de facturas falsas y responsabiliza de ello a José Ramón Blanco Balín, quién se ocupó de la contabilidad y de la fiscalidad de la empresa de Orange Market. «Yo nunca me ocupé de las declaraciones tributarias», subraya.

CORREA YA ESTÁ CUMPLIENDO CONDENA
Si es condenado por esta pieza de la trama Gürtel, la pena se sumaría a los 13 años de cárcel que impuso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por amañar la contratación relativa al expositor institucional de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que ha hecho que ingresase en prisión en febrero de 2017.

Además, el líder de la red corrupta se encuentra a la espera de conocer los años de prisión con los que le castigará la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por los hechos delictivos cometidos por la Gürtel durante sus primeros años de actuación (1999-2005).

Ya en el juicio por la primera época de actividades, Correa anunció que iba a colaborar con la Justicia y que esa actitud se mantendría en las vistas orales de la causa que aún quedan por juzgar. Eso sí pidió hacerlo en libertad hasta que las sentencias en su contra sean firmes.

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VÍDEO| Okupa presume en redes sociales tras tomar un chalé de lujo en la costa de Menorca

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Okupa Menorca chalé lujo

Una familia de okupas toma posesión de un chalé de lujo con vistas al mar en la costa de Menorca y lo presume en redes sociales.

La mujer okupa, que se ha instalado en el chalé junto a su familia, presenta el vídeo que ha grabado con estas palabras: «Hoy os voy a enseñar el chalé que he okupado, nuevo y a estrenar». El chalé se encuentra en la exclusiva urbanización de Coves Noves, en el norte de Menorca.

En su house tour, la mujer okupa ha decidido compartir con sus amistades todos los detalles de su nueva morada, mientras que el propietario del chalé ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

La okupa muestra orgullosa las diversas estancias del chalé, que «acaba de estrenar» y que cuenta con tres cuartos de baño, cuatro dormitorios y una moderna cocina, entre otras dependencias. También destaca los grandes ventanales con vistas al mar y los suelos de parqué.

VÍDEO| Okupa presume en redes sociales tras tomar un chalé de lujo en la costa de Menorca

 

En España, la ocupación de viviendas es un problema complejo que involucra varias leyes y procedimientos legales. La respuesta de la ley depende en gran medida de si la vivienda ocupada es la residencia habitual del propietario o una segunda vivienda. Aquí hay un resumen de cómo actúa la ley en estos casos:

1. Residencia Habitual:

  • Desalojo Rápido: Si la vivienda ocupada es la residencia habitual del propietario o de alguien que la usa regularmente (incluso si está vacía durante unas vacaciones, por ejemplo), la policía puede desalojar a los okupas de manera inmediata sin necesidad de una orden judicial.
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Artículo 202): La ocupación de la vivienda habitual del propietario puede considerarse un allanamiento de morada, un delito penal que puede conllevar penas de prisión.

2. Segundas Viviendas o Propiedades Desocupadas:

  • Procedimiento Judicial: Para las segundas viviendas o propiedades desocupadas, el desalojo suele requerir un proceso judicial. El propietario debe presentar una denuncia, y el juez debe ordenar el desalojo.
  • Ley de Enjuiciamiento Civil (Juicio Verbal de Desahucio por Precario): Este procedimiento judicial permite a los propietarios solicitar el desalojo de okupas, aunque el proceso puede ser largo, a menudo tomando varios meses.
  • Reforma de 2018: Se introdujo un procedimiento acelerado para desalojar a los okupas, permitiendo a los propietarios y entidades públicas solicitar un desalojo rápido en casos de ocupación ilegal.

3. Medidas Penales y Administrativas:

  • Multas y Penas de Prisión: Además de la posible pena de prisión por allanamiento de morada, los okupas pueden enfrentarse a multas. En algunos casos, si se demuestra que hay daños a la propiedad o comportamientos ilícitos adicionales, las penas pueden ser más severas.
  • Responsabilidad del Propietario: A veces, los propietarios también pueden enfrentar sanciones si no aseguran adecuadamente sus propiedades, aunque esto es menos común.

4. Protección de los Derechos de los Ocupantes:

  • Diferencias entre Ocupas y Personas Vulnerables: La ley hace distinciones entre okupas que ocupan ilegalmente propiedades por lucro o por necesidad y personas en situación de vulnerabilidad. Las segundas pueden recibir una consideración diferente en los tribunales, especialmente si hay menores o personas dependientes involucradas.
  • Intervención de Servicios Sociales: En algunos casos, los servicios sociales pueden intervenir para proporcionar asistencia a las personas vulnerables ocupantes, buscando soluciones habitacionales alternativas.

5. Procedimientos Preventivos:

  • Seguridad Privada: Algunos propietarios optan por contratar seguridad privada para vigilar sus propiedades y evitar ocupaciones.
  • Medidas Cautelares: Los tribunales pueden imponer medidas cautelares para proteger las propiedades en riesgo de ser ocupadas.

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