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Esta es la propuesta del Consell para reformar la Constitución Española

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La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha informado que el Gobierno valenciano ha acordado formalizar una propuesta para la reforma de la Constitución Española para que las comunidades autónomas tengan participación en el debate de la Carta Magna.

En este sentido, ha precisado que la modificación de la Constitución es una «necesidad sentida y reclamada» desde muchas opciones para poner en valor la pluralidad.
Oltra, tras la reunión del Pleno celebrada, ha destacado que con esta propuesta, el Consell «es el primer gobierno autonómico que manifiesta públicamente que es necesaria la reforma de la Constitución y en mostrar su postura sobre su contenido».

En este sentido, ha informado que se elaborará un documento, que será debatido y concretado en el Seminario de Invierno que se celebrará del 26 al 28 de enero en Vinaròs, «donde se fijará la posición del Consell sobre este asunto y será la propuesta de reforma que el president de la Generalitat defenderá ante la Comisión constituida en el Congreso de los Diputados a este efecto».
En esta línea ha señalado que el Pleno también ha acordado pedir que las comunidades autónomas «tengan participación en esta comisión como tales, a través de sus gobiernos, y más allá de la participación de los diferentes grupos políticos».

Nuevo concepto de derecho fundamental subjetivo

Oltra ha repasado los principales ejes acordados sobre los que se realizará la propuesta de reforma constitucional que se resumen en un «compromiso global con los valores que caracterizan a las democracias avanzadas y que sientan las bases para su futuro desarrollo por parte de las generaciones venideras».
Estos principios «tienen su concreción en el artículo 1,1 de la Constitución, donde se fijan los principios constitucionales que, junto a los actualmente reconocidos, también tienen que figurar, como es la paridad de género, la sostenibilidad ambiental y la hospitalidad», ha explicado.

Asimismo, ha indicado que, en la propuesta de reforma constitucional, «se propondrá el desarrollo intenso de los derechos de las personas, tanto los que ahora no tienen reconocimiento constitucional como aquellos que hay que mejorar en el texto, y cuya ausencia impide el despliegue efectivo del pleno reconocimiento de estos derechos».
Para ello, se pedirá que los derechos fundamentales «sean conceptuados como subjetivos y que, por tanto, puedan ser reivindicados ante los tribunales de justicia en aquellos casos en los que los poderes públicos no los garanticen»

En este sentido, para el Consell, en el preámbulo de la Constitución debería hacerse constar el «compromiso global» con la lucha contra el cambio climático y a favor de la transición ecológica de la economía; la lucha contra la violencia de género; la promoción de un gobierno abierto con estímulos para la transparencia, la participación y el buen gobierno; el compromiso con el avance de la integración en la Unión Europa en el sentido social y solidario; el compromiso con la cooperación internacional y la justifica universal; la promoción y democratización en la difusión del conocimiento científico y la apuesta por la universalidad en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

En relación a los aspectos que tienen que ver con la ampliación o garantía de los derechos fundamentales, la vicepresidenta del Consell ha indicado que, además de los ya consagrados, «se plantea el derecho a una vivienda digna y accesible como quinto pilar del Estado del bienestar, el derecho a la sanidad universal y el acceso a los tratamientos que estén a disposición de las personas que los necesiten».

«También el derecho a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la misma manera que se incorporarían la paridad de género como principio general o el derecho a las diversidades de orientación sexual o diversidad de género, entre otros», ha indicado.

Modelo federal de Estado
Asimismo, el Consell planteará «el diseño de un modelo democrático del Estado y de sus mecanismos de funcionamiento que lleven a un sistema de gobierno de representación y administración auténticamente avanzado, la articulación de un modelo federal en el que el Estado».
«El objetivo es que no solo se reconozca la pluralidad y complejidad territorial de España, -ha añadido- sino que también se diseñe un sistema leal representativo y eficiente de responsabilidad política entre los diferentes niveles de gobierno, así como el establecimiento constitucional de las claves de un sistema de financiación de estos diferentes niveles que garantice realmente el autogobierno y el ejercicio político de las competencias de cada ámbito, minimizando el riesgo de interferencias».

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Sánchez ocultó que Begoña Gómez estaba imputada

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Begoña Gómez imputada
Sánchez ocultó que Begoña Gómez estaba imputada-CAPTURA DE PANTALLA

Han pasado 36 días desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supo que su esposa, Begoña Gómez, estaba siendo investigada, antes conocida como imputada, hasta que la noticia se hizo pública. Durante este período, Sánchez envió una carta a la ciudadanía, se tomó un «periodo de reflexión» de cinco días, involucró al Rey Felipe VI con una visita a Zarzuela, movilizó a la militancia del PSOE y hasta abrió una crisis diplomática con Argentina a través del ministro Óscar Puente, quien insinuó que Milei consumía «sustancias», en referencia a drogas.

El pasado 16 de abril, el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, abrió diligencias tras recibir una denuncia contra Begoña Gómez, otorgándole el estatus de investigada desde el primer momento.

Begoña Gómez estaba imputada

El 22 de abril, el juez ordenó notificar a Gómez su condición de investigada: «Sin perjuicio de que, en el presente momento procesal, no se acuerde la declaración de la persona investigada, y dado que se le atribuye dicha condición procesal, se considera, a los efectos de evitar la indefensión proscrita en el artículo 24 de la Constitución Española, necesario, que se le dé traslado del presente auto, a fin de que, si lo estima conveniente, designe procurador y abogado que la represente, y puedan estar presentes, e intervenir, en su caso, en las diligencias que se acuerdan en esta resolución judicial».

Ese mismo 22 de abril, coincidiendo con la resaca de las elecciones vascas donde el PSOE tuvo un resultado aceptable, Sánchez declaró: «No se ve el fin de ciclo, por mucho que algunos se empeñen». Ese día se notificó a Begoña Gómez su imputación y el juez encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar a Gómez.

El 24 de abril, Sánchez y su esposa ya conocían la investigación. El abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, solicitó la personación en el caso, reconociendo así la notificación judicial.

La carta de la mentira

El mismo día, Sánchez acudió al Congreso de los Diputados, visiblemente afectado, tras la publicación de que el juez había abierto diligencias contra su esposa. «En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país», afirmó Sánchez. Horas más tarde, publicó una carta a la ciudadanía insinuando una posible dimisión y declarándose un «hombre profundamente enamorado» buscando justicia, a sabiendas de la imputación de su esposa desde 48 horas antes.

El fin de semana siguiente, el PSOE organizó una manifestación en apoyo a Sánchez ante los «ataques» y «bulos» de la «extrema derecha» contra la familia del presidente. Miles de personas se congregaron en Ferraz, y Sánchez, viendo el apoyo, decidió no dimitir.

Los días de «reflexión»

El 29 de abril, Sánchez informó al Rey Felipe VI de su decisión de permanecer en el cargo tras cinco días de «reflexión». Posteriormente, en una declaración sin preguntas, Sánchez anunció que seguiría en Moncloa y prometió cambios drásticos en materia judicial y un plan para controlar los medios de comunicación contra los «bulos» y el «fango» que, según él, publican sobre el PSOE y su familia. En entrevistas con medios afines, relató que pasó «malos días», durmiendo y comiendo poco.

Milei

A principios de mayo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, generó una crisis diplomática con Argentina al insinuar que el presidente Javier Milei consumía drogas. Buenos Aires respondió atacando a Sánchez por las acusaciones de corrupción contra su esposa. El 4 de mayo, Exteriores exigió disculpas a Milei por sus declaraciones. Para entonces, Sánchez sabía desde hace 12 días de la imputación de Gómez.

Las noticias sobre el caso de Begoña Gómez continuaron, pero ninguna provino del juzgado debido al secreto de sumario. El 14 de mayo, la UCO entregó al juez su primer informe de investigación.

El 19 de mayo, Milei criticó a Sánchez en un acto de Vox en Madrid, llamándolo «corrupto». En respuesta, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció que España llamaría a consultas a su embajadora en Buenos Aires, intensificando la crisis diplomática.

Durante los días siguientes, el Gobierno difundió mensajes en la prensa afín negando las acusaciones contra Begoña Gómez. El 21 de mayo, una filtración a El País sugirió que el informe de la UCO exoneraba a Gómez.

Mintiendo al Congreso

El 22 de mayo, Pedro Sánchez compareció en el Congreso para abordar las acusaciones contra su esposa. Anunció el reconocimiento de Palestina por España, una decisión que se oficializaría una semana después. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, interrogó a Sánchez sobre la investigación judicial, pero no obtuvo respuesta.

El 23 de mayo, OKDIARIO publicó documentos judiciales confirmando la imputación de Begoña Gómez. El 27 de mayo, el juez levantó el secreto de sumario, y el 28 se confirmó que Gómez estaba imputada por corrupción desde el 16 de abril, información que Sánchez y su esposa conocían desde el 22 de abril. Durante esos 36 días, se produjeron crisis diplomáticas, insinuaciones de dimisión, manifestaciones y declaraciones públicas negando las acusaciones.

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