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Camps cree que hay «sobradas razones» para que el juez rechace la petición de Anticorrupción de investigarle

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VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) – Pablo Delgado, abogado del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, defiende que existen «sobradas razones» para que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata rechace la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar al exdirigente del PP valenciano por presuntos delitos de prevaricación y fraude en los contratos de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel, concretamente con Orange Market, entre ellas, que es una cuestión «cerrada jurídicamente» en diversas resoluciones judiciales.

Así lo señala en un comunicado tras conocerse que Anticorrupción ha presentado este martes un escrito ante el juez De la Mata en el que solicita la investigación de Camps en esa causa. El letrado del expresidente se remite al comienzo del ‘caso Gürtel’ para afirmar que esta Fiscalía intentó tanto que el juez que instruyó la conocida como ‘causa de los trajes’ –en el que resultó absuelto por un jurado popular, decisión ratificada por el Supremo– así como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana imputaran a Camps en las adjudicaciones a Orange Market, mercantil que gestionaba Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’.

En esta línea, subraya que el juez instructor rechazó en cuatro autos esa pretensión (el 29 de mayo, 6 de junio, 14 de julio y 16 de julio de 2009) y también el TSJCV hizo lo mismo en autos de fecha 19 de junio de 2009 y 25 de mayo y 4 de julio de 2011.

Por ello, la defensa de Francisco Camps entiende que esta cuestión está «cerrada jurídicamente» por la «inmensa relación» de autos que jueces y magistrados «emitieron en su momento en contra de la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación del PSOE».

NINGUNA INSTRUCCIÓN DE CONTRATACIONES
En esta línea, añade que el 26 de mayo de 2009, 37 altos cargos de la administración autonómica, entre los que se incluyen algunos de los que pueden ser llamados a declarar en esta nueva petición de la Fiscalía Anticorrupción, «negaron recibir instrucción alguna en las contrataciones realizadas a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y del juez instructor».

Asimismo, recalca que en el juicio oral en la ‘causa de los trajes’ «todos los testigos, altos cargos de la administración autonómica, volvieron a negar recibir instrucción alguna para las adjudicaciones realizadas» y también en la instrucción de esta causa «nuevamente se ha negado que por parte de nadie se haya recibido instrucción alguna para la toma de decisión del órgano de contratación correspondiente».

El letrado agrega que la Abogacía de la Generalitat realizó en el año 2009 un informe sobre cada uno de los contratos a esta mercantil y a otras relacionadas con la misma «justificando la legalidad del procedimiento».

Por ello, sostiene que hay «sobradas razones» para que de las declaraciones de un procesado en la causa en la financiación del PP «en las que además no hace referencia alguna a las contrataciones de la administración, el juez instructor que no es el que fue, el que instruyó la causa en Valencia, rechace la petición de la Fiscalía Anticorrupción».

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Sánchez ocultó que Begoña Gómez estaba imputada

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Begoña Gómez imputada
Sánchez ocultó que Begoña Gómez estaba imputada-CAPTURA DE PANTALLA

Han pasado 36 días desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supo que su esposa, Begoña Gómez, estaba siendo investigada, antes conocida como imputada, hasta que la noticia se hizo pública. Durante este período, Sánchez envió una carta a la ciudadanía, se tomó un «periodo de reflexión» de cinco días, involucró al Rey Felipe VI con una visita a Zarzuela, movilizó a la militancia del PSOE y hasta abrió una crisis diplomática con Argentina a través del ministro Óscar Puente, quien insinuó que Milei consumía «sustancias», en referencia a drogas.

El pasado 16 de abril, el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, abrió diligencias tras recibir una denuncia contra Begoña Gómez, otorgándole el estatus de investigada desde el primer momento.

Begoña Gómez estaba imputada

El 22 de abril, el juez ordenó notificar a Gómez su condición de investigada: «Sin perjuicio de que, en el presente momento procesal, no se acuerde la declaración de la persona investigada, y dado que se le atribuye dicha condición procesal, se considera, a los efectos de evitar la indefensión proscrita en el artículo 24 de la Constitución Española, necesario, que se le dé traslado del presente auto, a fin de que, si lo estima conveniente, designe procurador y abogado que la represente, y puedan estar presentes, e intervenir, en su caso, en las diligencias que se acuerdan en esta resolución judicial».

Ese mismo 22 de abril, coincidiendo con la resaca de las elecciones vascas donde el PSOE tuvo un resultado aceptable, Sánchez declaró: «No se ve el fin de ciclo, por mucho que algunos se empeñen». Ese día se notificó a Begoña Gómez su imputación y el juez encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar a Gómez.

El 24 de abril, Sánchez y su esposa ya conocían la investigación. El abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, solicitó la personación en el caso, reconociendo así la notificación judicial.

La carta de la mentira

El mismo día, Sánchez acudió al Congreso de los Diputados, visiblemente afectado, tras la publicación de que el juez había abierto diligencias contra su esposa. «En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país», afirmó Sánchez. Horas más tarde, publicó una carta a la ciudadanía insinuando una posible dimisión y declarándose un «hombre profundamente enamorado» buscando justicia, a sabiendas de la imputación de su esposa desde 48 horas antes.

El fin de semana siguiente, el PSOE organizó una manifestación en apoyo a Sánchez ante los «ataques» y «bulos» de la «extrema derecha» contra la familia del presidente. Miles de personas se congregaron en Ferraz, y Sánchez, viendo el apoyo, decidió no dimitir.

Los días de «reflexión»

El 29 de abril, Sánchez informó al Rey Felipe VI de su decisión de permanecer en el cargo tras cinco días de «reflexión». Posteriormente, en una declaración sin preguntas, Sánchez anunció que seguiría en Moncloa y prometió cambios drásticos en materia judicial y un plan para controlar los medios de comunicación contra los «bulos» y el «fango» que, según él, publican sobre el PSOE y su familia. En entrevistas con medios afines, relató que pasó «malos días», durmiendo y comiendo poco.

Milei

A principios de mayo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, generó una crisis diplomática con Argentina al insinuar que el presidente Javier Milei consumía drogas. Buenos Aires respondió atacando a Sánchez por las acusaciones de corrupción contra su esposa. El 4 de mayo, Exteriores exigió disculpas a Milei por sus declaraciones. Para entonces, Sánchez sabía desde hace 12 días de la imputación de Gómez.

Las noticias sobre el caso de Begoña Gómez continuaron, pero ninguna provino del juzgado debido al secreto de sumario. El 14 de mayo, la UCO entregó al juez su primer informe de investigación.

El 19 de mayo, Milei criticó a Sánchez en un acto de Vox en Madrid, llamándolo «corrupto». En respuesta, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció que España llamaría a consultas a su embajadora en Buenos Aires, intensificando la crisis diplomática.

Durante los días siguientes, el Gobierno difundió mensajes en la prensa afín negando las acusaciones contra Begoña Gómez. El 21 de mayo, una filtración a El País sugirió que el informe de la UCO exoneraba a Gómez.

Mintiendo al Congreso

El 22 de mayo, Pedro Sánchez compareció en el Congreso para abordar las acusaciones contra su esposa. Anunció el reconocimiento de Palestina por España, una decisión que se oficializaría una semana después. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, interrogó a Sánchez sobre la investigación judicial, pero no obtuvo respuesta.

El 23 de mayo, OKDIARIO publicó documentos judiciales confirmando la imputación de Begoña Gómez. El 27 de mayo, el juez levantó el secreto de sumario, y el 28 se confirmó que Gómez estaba imputada por corrupción desde el 16 de abril, información que Sánchez y su esposa conocían desde el 22 de abril. Durante esos 36 días, se produjeron crisis diplomáticas, insinuaciones de dimisión, manifestaciones y declaraciones públicas negando las acusaciones.

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