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Jorge Rodríguez dimite como presidente de la Diputación de Valencia pero se mantiene como alcalde de Ontinyent

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Jul. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, anunciará este lunes que deja la presidencia de la corporación provincial y su acta como diputado provincial, pero que se mantiene como alcalde de la localidad valenciana de Ontinyent, según ha podido saber Europa Press.

Así lo dará a conocer Rodríguez este lunes en una comparecencia ante los medios de comunicación a las 12 horas en la Diputación de Valencia, en la que detallará los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, tras haber sido detenido en el marco de la Operación Alquería que investiga irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra, empresa pública dependiente de la corporación provincial.

Esta decisión se produce tras reunirse este fin de semana con el secretario general del PSPV, Ximo Puig; la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la directora general de Vivienda y secretaria general de la formación en Ontinyent, Rebeca Torró, en las que se acordó la necesidad de que Rodríguez diera «un paso al lado» para «no perjudicar al partido» y pudiera «centrarse en su defensa», según indican las mismas fuentes.

Asimismo, señalan que esta decisión busca «no dañar» el proyecto político de Ximo Puig en la Generalitat y el de Pedro Sánchez en el Gobierno de España y para que el PP «no aproveche este asunto» para perjudicar la labor en la corporación provincial.

No obstante, subrayan que Rodríguez se mantendrá como alcalde de Ontinyent porque entiende que la investigación abierta «no afecta a su gestión en el ayuntamiento» de la localidad valenciana, precisan las mismas fuentes.

Rodríguez, suspendido de militancia por el PSOE, fue detenido el pasado miércoles en un presunto caso de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en mayo 2018 tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en 2015. Las diligencias están secretas.

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Sánchez ocultó que Begoña Gómez estaba imputada

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Begoña Gómez imputada
Sánchez ocultó que Begoña Gómez estaba imputada-CAPTURA DE PANTALLA

Han pasado 36 días desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supo que su esposa, Begoña Gómez, estaba siendo investigada, antes conocida como imputada, hasta que la noticia se hizo pública. Durante este período, Sánchez envió una carta a la ciudadanía, se tomó un «periodo de reflexión» de cinco días, involucró al Rey Felipe VI con una visita a Zarzuela, movilizó a la militancia del PSOE y hasta abrió una crisis diplomática con Argentina a través del ministro Óscar Puente, quien insinuó que Milei consumía «sustancias», en referencia a drogas.

El pasado 16 de abril, el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, abrió diligencias tras recibir una denuncia contra Begoña Gómez, otorgándole el estatus de investigada desde el primer momento.

Begoña Gómez estaba imputada

El 22 de abril, el juez ordenó notificar a Gómez su condición de investigada: «Sin perjuicio de que, en el presente momento procesal, no se acuerde la declaración de la persona investigada, y dado que se le atribuye dicha condición procesal, se considera, a los efectos de evitar la indefensión proscrita en el artículo 24 de la Constitución Española, necesario, que se le dé traslado del presente auto, a fin de que, si lo estima conveniente, designe procurador y abogado que la represente, y puedan estar presentes, e intervenir, en su caso, en las diligencias que se acuerdan en esta resolución judicial».

Ese mismo 22 de abril, coincidiendo con la resaca de las elecciones vascas donde el PSOE tuvo un resultado aceptable, Sánchez declaró: «No se ve el fin de ciclo, por mucho que algunos se empeñen». Ese día se notificó a Begoña Gómez su imputación y el juez encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar a Gómez.

El 24 de abril, Sánchez y su esposa ya conocían la investigación. El abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, solicitó la personación en el caso, reconociendo así la notificación judicial.

La carta de la mentira

El mismo día, Sánchez acudió al Congreso de los Diputados, visiblemente afectado, tras la publicación de que el juez había abierto diligencias contra su esposa. «En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país», afirmó Sánchez. Horas más tarde, publicó una carta a la ciudadanía insinuando una posible dimisión y declarándose un «hombre profundamente enamorado» buscando justicia, a sabiendas de la imputación de su esposa desde 48 horas antes.

El fin de semana siguiente, el PSOE organizó una manifestación en apoyo a Sánchez ante los «ataques» y «bulos» de la «extrema derecha» contra la familia del presidente. Miles de personas se congregaron en Ferraz, y Sánchez, viendo el apoyo, decidió no dimitir.

Los días de «reflexión»

El 29 de abril, Sánchez informó al Rey Felipe VI de su decisión de permanecer en el cargo tras cinco días de «reflexión». Posteriormente, en una declaración sin preguntas, Sánchez anunció que seguiría en Moncloa y prometió cambios drásticos en materia judicial y un plan para controlar los medios de comunicación contra los «bulos» y el «fango» que, según él, publican sobre el PSOE y su familia. En entrevistas con medios afines, relató que pasó «malos días», durmiendo y comiendo poco.

Milei

A principios de mayo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, generó una crisis diplomática con Argentina al insinuar que el presidente Javier Milei consumía drogas. Buenos Aires respondió atacando a Sánchez por las acusaciones de corrupción contra su esposa. El 4 de mayo, Exteriores exigió disculpas a Milei por sus declaraciones. Para entonces, Sánchez sabía desde hace 12 días de la imputación de Gómez.

Las noticias sobre el caso de Begoña Gómez continuaron, pero ninguna provino del juzgado debido al secreto de sumario. El 14 de mayo, la UCO entregó al juez su primer informe de investigación.

El 19 de mayo, Milei criticó a Sánchez en un acto de Vox en Madrid, llamándolo «corrupto». En respuesta, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció que España llamaría a consultas a su embajadora en Buenos Aires, intensificando la crisis diplomática.

Durante los días siguientes, el Gobierno difundió mensajes en la prensa afín negando las acusaciones contra Begoña Gómez. El 21 de mayo, una filtración a El País sugirió que el informe de la UCO exoneraba a Gómez.

Mintiendo al Congreso

El 22 de mayo, Pedro Sánchez compareció en el Congreso para abordar las acusaciones contra su esposa. Anunció el reconocimiento de Palestina por España, una decisión que se oficializaría una semana después. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, interrogó a Sánchez sobre la investigación judicial, pero no obtuvo respuesta.

El 23 de mayo, OKDIARIO publicó documentos judiciales confirmando la imputación de Begoña Gómez. El 27 de mayo, el juez levantó el secreto de sumario, y el 28 se confirmó que Gómez estaba imputada por corrupción desde el 16 de abril, información que Sánchez y su esposa conocían desde el 22 de abril. Durante esos 36 días, se produjeron crisis diplomáticas, insinuaciones de dimisión, manifestaciones y declaraciones públicas negando las acusaciones.

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