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Un informe refleja que en Valencia el empleo femenino padece mayor precarización, dependencia y temporalidad

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La Concejala de Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, ha presentado el primer informe sobre la realidad de las mujeres en el mercado de trabajo en la ciudad de Valencia, un documento que refleja la situación de “marginación y desigualdad” que afecta a las mujeres, y que en los últimos años se ha visto más agravada aún por efecto de la crisis. En el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Concejalía de Empleo ha puesto en marcha una serie de medidas de formación, promoción y sensibilización.

El objetivo del informe es doble: por un lado, disponer de un diagnóstico claro de la situación de la mujer en el marco laboral, de cara a poder definir las actuaciones específicas de la Concejalía. Y por otro, ha explicado Gómez, “obtener datos objetivos de una realidad incontestable: la situación de desventaja de las mujeres dentro del mercado de trabajo”. Hay que tener en cuenta que hasta ahora no se había realizado ningún informe similar, “porque lo que teníamos hasta ahora era muy parco y no específico sobre la mujer”, ha lamentado la concejala.

El análisis estará disponible en los próximos días en la web municipal, así como en la web de València Activa. Las principales conclusiones que se desprenden de los datos versan sobre las afiliaciones a la seguridad social, la evolución de las contrataciones, y la evolución del paro femenino.

Respecto a las afiliaciones a la Seguridad Social, en 2015 y 2016 el 52% son mujeres, pero al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos este porcentaje desciende hasta el 37%. Es el sector Servicios el que concentra el número más elevado de afiliaciones a la seguridad social de mujeres, especialmente en el Régimen del Sistema Especial de Empleados del Hogar, que está totalmente feminizado (con un 96% de mujeres). Asimismo, el 57% del total de contratos temporales son mujeres, y de las afiliaciones que son mediante contratos a tiempo parcial, el 67% son contratos a mujeres

“Todo ello demuestra que la flexibilización y la precarización laboral afecta en mayor medida a las mujeres; que son las mujeres quienes padecen mayor dependencia laboral y mayor temporalidad en los contratos”, ha lamentado Sandra Gómez.

En cuanto a evolución de las contrataciones, entre 2007 y 2017 se ha producido una destrucción drástica del empleo femenino: 10.119 contratos menos (de 19.329 a 9.210). Tal como ha destacado Sandra Gómez, “en los últimos año se observa un leve repunte, pero es todavía insuficiente”. En cifras totales de contratos por año a mujeres, la reducción es de 100.000 en sólo 3 años: de 249.878 en 2007 a 149.862 en 2010.

A esta situación se suma el aumento del desequilibrio entre el número de contratos a varones y a mujeres: si bien en 2007 los valores eran similares en cuanto al número de contratos a varones y a mujeres, a partir de 2009 se empieza a observar este desequilibrio, que se mantiene en la actualidad.

Finalmente, el informe analiza el impacto en el empleo por grupos de edad. El grueso de las contrataciones (entre el 55% y el 65% del total) se realiza a mujeres de 25 a 44 años, “aunque el número es menor que a los varones de la misma edad”, ha matizado Sandra Gómez.

EVOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE PARO DESDE 2007 A 2017

Las conclusiones sobre la evolución de las cifras de desempleo son también contundentes: en los últimos 10 años se ha duplicado el número de mujeres paradas. Mientras que en 2007 el paro registrado femenino era de 20.477, en 2015 subió hasta las 44.367 mujeres.

Es cierto, ha matizado Gómez, que el incremento del paro entre 2007 y 2010 fue muy intenso tanto entre los hombres como entre las mujeres. El número de parados y paradas se duplica en esta década, pero en el caso de las mujeres, el número es superior desde 2012 hasta la actualidad. “No obstante –ha continuado la concejala- desde 2015 se observa un leve descenso del número de mujeres paradas durante todos los meses”. En enero de 2015 están registradas 44.367 mujeres en paro mientras que el mismo mes de enero de 2017 el número de mujeres registradas en el paro es de 40.734.

La delegada de Empleo ha afirmado, tras exponer la situación en datos, que “están muy lejos de los que nos gustaría”, y ha subrayado “las limitaciones competenciales que tenemos desde los ayuntamientos”. Por eso, ha denunciado que el Gobierno haya eliminado los Planes de Igualdad específicos (decisión adoptada el pasado mes de enero), y ha anunciado la voluntad del Ayuntamiento de Valencia de “suplir esas deficiencias en políticas activas de empleo”.

ACCIONES ESPECÍFICAS EN EL 8 DE MARZO

“Es una realidad que las mujeres sufren de una manera más acentuada la temporalidad y el desempleo. Por eso –ha añadido- desde Valencia Activa, y teniendo en cuenta esta realidad, estamos llevando a cabo una serie de Acciones específicas para mujeres”. Dichas iniciativas se han dado a conocer en el marco de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

BARRIS PER LA OCUPACIÓ

Los distintos centros municipales van a acoger distintas actividades de formación, asesoramiento, dinámicas de grupo… y otras dentro del programa Barris per la Ocupació. Cada persona recibirá información personalizada sobre los servicios existentes en materia de empleo y formación que les puedan ser útiles en dicha búsqueda

Asimismo, está el programa específico para mujeres desempleadas de larga duración, de carácter proactivo y participativo, que incluye entrevista en profundidad, asesoramiento curricular y la incorporación de acciones formativas en materia de empleo y emprendimiento.

Además, el Presupuesto Municipal 2017 incluye una partida de 27.000 euros destinada a los Planes de Igualdad para Empresas, que permitirá ofrecer asesoramiento a 60 empresas en materia de igualdad y políticas para favorecer la no discriminación y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de empleo.

Y asimismo, desde la Concejalía se destinan otros 40.000 euros al proyecto de fomento del Empleo en Mujeres de etnia Gitana, con el objetivo de proporcionar una salida laboral para facilitar la inserción en el mercado de trabajo a través de la formación ocupacional de 30 mujeres de etnia gitana de la ciudad. Y otros 57.000 euros para el Programa específico para mujeres en riesgo de exclusión social, a través de la formación de 50 mujeres en riesgo de exclusión social en Valencia.

El informe supone un primer paso para abordar un problema global con conocimiento ajustado sobre la realidad, ha concluido Sandra Gómez. Para su elaboración se ha analizado la «Estadística de Cuentas de Cotización y Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social» publicada en el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, las Estadísticas de paro registrado recogidas por el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), y las Estadísticas de contratos obtenidas del Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE), ambas publicadas en el Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF).

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El Gobierno obligará a patinetes eléctricos a contratar un seguro a partir de esta fecha

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Seguro patinete eléctrico
En la imagen, una persona circula en un patinete bajo la lluvia en la ciudad de València. EFE / Manuel Lorenzo/Archivo

El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que introduce la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil para los propietarios de un patinete eléctrico. Además, se establecerá un registro para estos vehículos ligeros que deberá estar operativo antes del 2 de enero de 2026.

Asimismo, se ampliará la definición de vehículo de motor para incluir una amplia gama de maquinaria, como la agrícola y la de construcción. Los propietarios de estos equipos deberán contratar un seguro obligatorio del automóvil, con el objetivo de facilitar la resolución de siniestros.

A partir de ahora, se considerarán vehículos a motor aquellos que puedan alcanzar una velocidad máxima de fabricación superior a 25 kilómetros por hora o que tengan un peso neto superior a 25 kg y una velocidad máxima de fabricación de más de 14 km/h.

MÁS DE 2 MILLONES DE MÁQUINAS ASEGURADAS Y 200 MILLONES DE EUROS

En total, más de dos millones de máquinas deberán asegurarse, lo que representará un negocio de 200 millones de euros, de los cuales 30 millones repercutirán en los distribuidores, según la Fundación Inade.

El objetivo es «mejorar la cobertura, las indemnizaciones y la seguridad de las víctimas de accidentes de tráfico», según anunció la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

El Gobierno ha dado luz verde a la ley que modifica el texto refundido de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor de 2004, colocando a España entre los países que han adoptado la última directiva europea aprobada en noviembre de 2021. Esta directiva aclara qué debe considerarse un vehículo a motor y el «hecho de la circulación».

EL SEGURO PARA PATINETES ELÉCTRICOS

Conforme a la jurisprudencia europea, el concepto de «hecho de la circulación» se amplía para incluir «toda utilización de un vehículo» en el momento del accidente, independientemente de sus características, el terreno y si el vehículo está parado o en movimiento.

La nueva legislación también introduce mejoras en el sistema de valoración de indemnizaciones por daños personales causados por accidentes de circulación, empleando un nuevo «baremo». Además, una comisión de expertos estudiará la conveniencia de un seguro obligatorio para los nuevos vehículos de movilidad personal.

El procedimiento para el cálculo y pago de indemnizaciones se agiliza, con el objetivo de lograr una resolución rápida sin necesidad de recurrir a los juzgados. Las coberturas se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumo.

INDEMNIZACIONES CUBIERTAS EN CASO DE INSOLVENCIA DE LA ASEGURADORA

La directiva también ordena que un fondo de garantía en cada país cubra las indemnizaciones a las víctimas en caso de insolvencia de la entidad aseguradora, tarea que en España corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros.

La norma introduce cambios en la ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, mejorando las facultades de control para garantizar la idoneidad de las personas que dirigen las aseguradoras y mediante la implementación de planes preventivos de recuperación.

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