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Las extraescolares de pago tendrán un coste máximo de 18€ al mes y no podrán excluir por motivos económicos

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VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) –

Las actividades extraescolares que se desarrollen en los centros educativos de la Comunitat Valenciana durante la jornada escolar fuera del horario lectivo serán gratuitas «con carácter general», aunque se podrán ofrecer algunas de pago con un coste máximo de 18 euros mensuales.

Así figura en las instrucciones para el curso 2018-19 publicadas este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte sobre el procedimiento de solicitud y autorización de un plan específico de organización de la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos.

Una de las novedades de cara al curso que viene es la posibilidad de ofertar algunas actividades extraescolares con coste económico. Al respecto, las instrucciones establecen que las extraescolares «posibilitarán la participación de todo el alumnado aunque no se quede al comedor escolar y promoverán la inclusión y la no discriminación».

Asimismo, señala que estas actividades –que se realizarán en un período de por lo menos 1.30 h, tiempo en el que el centro permanecerá abierto– deberán ser, «con carácter general», gratuitas. No obstante, apunta que los centros podrán ofrecer algunas actividades que tengan un coste máximo por alumno y actividad de 18 euros mensuales. Cada una de ellas deberá desarrollarse durante por lo menos dos días a la semana.

La realización de actividades de pago, siempre dentro del límite máximo establecido en el punto anterior, deberá contar con la aprobación del consejo escolar del centro.

Para garantizar que ningún alumno quede excluido por motivos económicos, el alumnado que sea beneficiario directo o con carácter asistencial de las ayudas de comedor podrá realizar hasta un máximo de dos actividades de las ofrecidas por el centro que tengan coste económico, de manera totalmente gratuita.

Además, el consejo escolar de cada centro estudiará los posibles
casos del alumnado que, no cumpliendo el requisito anterior, esté en
unas condiciones socioeconómicas desfavorables que hagan necesario
que la medida anterior también les sea de aplicación.

El pago de las actividades extraescolares correspondiente al
alumnado incluido en el apartado anterior se realizará directamente por
el centro a la entidad que las realice, con cargo a los recursos económicos de que disponga el centro para su funcionamiento, y siempre que queden cubiertas las necesidades ordinarias para el normal funcionamiento del centro.

Los centros que no dispongan de recursos económicos para hacer
frente a los gastos generados por estas actividades –detallan las instrucciones–, lo comunicarán, con anterioridad al 30 de octubre de 2018, a la Dirección General de Centros y Personal Docente a través de la oficina virtual para los centros educativos. La administración realizará, cuando sea necesario, la correspondiente dotación de recursos económicos extraordinarios, con cargo al capítulo II del programa económico 422.20 de los presupuestos de la Generalitat.

Desde la Conselleria de Educación han incidido en que «por regla general las actividades extraescolares son gratuitas y que solo en aquellos casos en que lo apruebe el consejo escolar del centro, por decisión de sus miembros, entre los que están representados los padres y madres, se podrá ofertar alguna actividad extraescolar de pago, no lucrativa».

Fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà han asegurado a Europa Press que «las condiciones que se han establecido garantizan al cien por cien la inclusión de todo el alumnado que desee realizar actividades extraescolares de pago si se ofertan en su centro».

«Con esto –prosiguen– se atiende a las reivindicaciones de las AMPA que solicitaban la posibilidad de ofertar actividades extraescolares de pago. Cabe destacar que las actividades de pago son opcionales, no son ninguna obligación, y dentro de la opcionalidad se detallan todos los pasos a seguir para garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado de cada centro».

Por tanto, «se mejora la normativa atendiendo a la comunidad educativa sin excluir a los alumnos por razones económicas», asevera la Conselleria, que recuerda que estas medidas también se aplicarán en aquellos centros que tienen jornada partida el próximo curso.

LAS FAMILIAS VOTAN EL 25 DE ABRIL
Por otra parte, el texto precisa el calendario para solicitar la modificación de la jornada escolar. Hasta el 7 de febrero, los centros enviarán la solicitud con toda la documentación requerida y hasta el 28 de marzo se remitirán a los colegios los informes de la Dirección General de Política Educativa, para proceder, en su caso, a la
consulta a las familias.

El 11 de abril se publicará el censo provisional, el día 16 de ese mes el definitivo y el 25 de abril se realizará la consulta a las familias. El 26 de abril se producirá la remisión de los resultados del escrutinio de la consulta a las familias sobre la adopción del Plan específico de organización de la jornada escolar a la Dirección General de Política Educativa.

Antes del inicio del período de admisión del alumnado, la Dirección
General de Política Educativa enviará, si es procedente, la autorización
a los centros del plan específico de organización de la jornada escolar.

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VÍDEO| Okupa presume en redes sociales tras tomar un chalé de lujo en la costa de Menorca

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Okupa Menorca chalé lujo

Una familia de okupas toma posesión de un chalé de lujo con vistas al mar en la costa de Menorca y lo presume en redes sociales.

La mujer okupa, que se ha instalado en el chalé junto a su familia, presenta el vídeo que ha grabado con estas palabras: «Hoy os voy a enseñar el chalé que he okupado, nuevo y a estrenar». El chalé se encuentra en la exclusiva urbanización de Coves Noves, en el norte de Menorca.

En su house tour, la mujer okupa ha decidido compartir con sus amistades todos los detalles de su nueva morada, mientras que el propietario del chalé ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

La okupa muestra orgullosa las diversas estancias del chalé, que «acaba de estrenar» y que cuenta con tres cuartos de baño, cuatro dormitorios y una moderna cocina, entre otras dependencias. También destaca los grandes ventanales con vistas al mar y los suelos de parqué.

VÍDEO| Okupa presume en redes sociales tras tomar un chalé de lujo en la costa de Menorca

 

En España, la ocupación de viviendas es un problema complejo que involucra varias leyes y procedimientos legales. La respuesta de la ley depende en gran medida de si la vivienda ocupada es la residencia habitual del propietario o una segunda vivienda. Aquí hay un resumen de cómo actúa la ley en estos casos:

1. Residencia Habitual:

  • Desalojo Rápido: Si la vivienda ocupada es la residencia habitual del propietario o de alguien que la usa regularmente (incluso si está vacía durante unas vacaciones, por ejemplo), la policía puede desalojar a los okupas de manera inmediata sin necesidad de una orden judicial.
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Artículo 202): La ocupación de la vivienda habitual del propietario puede considerarse un allanamiento de morada, un delito penal que puede conllevar penas de prisión.

2. Segundas Viviendas o Propiedades Desocupadas:

  • Procedimiento Judicial: Para las segundas viviendas o propiedades desocupadas, el desalojo suele requerir un proceso judicial. El propietario debe presentar una denuncia, y el juez debe ordenar el desalojo.
  • Ley de Enjuiciamiento Civil (Juicio Verbal de Desahucio por Precario): Este procedimiento judicial permite a los propietarios solicitar el desalojo de okupas, aunque el proceso puede ser largo, a menudo tomando varios meses.
  • Reforma de 2018: Se introdujo un procedimiento acelerado para desalojar a los okupas, permitiendo a los propietarios y entidades públicas solicitar un desalojo rápido en casos de ocupación ilegal.

3. Medidas Penales y Administrativas:

  • Multas y Penas de Prisión: Además de la posible pena de prisión por allanamiento de morada, los okupas pueden enfrentarse a multas. En algunos casos, si se demuestra que hay daños a la propiedad o comportamientos ilícitos adicionales, las penas pueden ser más severas.
  • Responsabilidad del Propietario: A veces, los propietarios también pueden enfrentar sanciones si no aseguran adecuadamente sus propiedades, aunque esto es menos común.

4. Protección de los Derechos de los Ocupantes:

  • Diferencias entre Ocupas y Personas Vulnerables: La ley hace distinciones entre okupas que ocupan ilegalmente propiedades por lucro o por necesidad y personas en situación de vulnerabilidad. Las segundas pueden recibir una consideración diferente en los tribunales, especialmente si hay menores o personas dependientes involucradas.
  • Intervención de Servicios Sociales: En algunos casos, los servicios sociales pueden intervenir para proporcionar asistencia a las personas vulnerables ocupantes, buscando soluciones habitacionales alternativas.

5. Procedimientos Preventivos:

  • Seguridad Privada: Algunos propietarios optan por contratar seguridad privada para vigilar sus propiedades y evitar ocupaciones.
  • Medidas Cautelares: Los tribunales pueden imponer medidas cautelares para proteger las propiedades en riesgo de ser ocupadas.

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